Los sueños de un grupo de familias de tener techo propio se han visto truncados. Después de adquirir todos sus derechos y de pagar altas sumas de dinero, que oscilan entre los 294 y 455 millones de pesos, la constructora a cargo de los proyectos no solo no responde por sus compromisos de entrega sino que, además, prácticamente les ha cerrado las puertas.

Se trata de los proyectos Sankara Palms Club House, localizado en Villa Campestre y que correspondería a una torre de 20 pisos con 110 unidades, con precios desde $410 millones. Gioco Kids Club House, ubicado en Villa Santos, ofrecido como una torre de 20 pisos con 302 unidades y valores desde $294 millones. Y Torres del Cielo Sport Club House, localizado en Villa Santos, que supuestamente constaría de una torre de 17 pisos con 118 unidades, con precios desde $455 millones.

Los tres proyectos fueron ofrecidos por Constructora AVI, representada por Andrés y Alberto Avilés, entre los años 2013 y 2014 y que fueron iniciados una vez logrado el ‘punto de equilibrio’ financiero de los mismos, para lo cual se dispuso como administradora de los mismos a Alianza Fiduciaria.

Sin embargo, tres años después, la constructora ha incumplido la entrega de los apartamentos por los cuales sus propietarios pagaron puntual y efectivamente los valores respectivos.

Por ello, esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, primero como queja y luego como denuncia, teniendo en cuenta la falta de solución por parte de la constructora. El tercer paso que dieron fue interponer las respectivas demandas.

“Luego de tres años no han entregado nada, las obras están paralizada y ellos se declararon ilíquidos”, dijo uno de los afectados por esta situación.

Lo grave del caso, es que en las audiencias que se han realizado, en procura de soluciones, “ellos (los constructores) no responden por nada, no devuelven el dinero. Las obras siguen paralizadas, a los trabajadores no les han pagado y los proveedores están sacando sus elementos porque tampoco les pagan”.

Curiosamente, agregó, en las audiencias el mismo abogado representante de la constructora, también actúa, de manera simultánea, en representación de Alianza Fiduciaria.

Advirtieron que en las audiencias se planteó el desistimiento del negocio para la devolución del dinero. Sin embargo, para proceder con ello los compradores deberían pagar un 20% como penalidad.

Esto significa que, quien pagó puntual y efectivamente su apartamento, por $300 millones, tendría que entregarle $60 millones a los constructores y apenas le devolverían $240 millones, situación que los afectados consideran algo fuera de toda lógica teniendo en cuenta que quienes han incumplido son los constructores y no lo compradores.

En una segunda oportunidad la constructora les planteó a los afectados negociar los apartamentos a través de Coldwell Banker Atlántico, una empresa del sector inmobiliario de la que dijeron tener la franquicia.

De hecho, Constructora AVI y Coldwell Banker Atlántico operan en oficinas contiguas, en la calle 84 No. 55-21, al norte de Barranquilla.

No obstante, los afectados fueron sorprendidos por la propuesta de los constructores: si Coldwell Banker Atlántico lograba negociar los apartamentos les devolvían el dinero, a lo que los denunciantes exigieron, entonces, que les pagaran el 20% como compensación al daño causado, lo que no fue aceptado por los representantes de Constructora AVI.

“Aquí se demuestra la ‘Ley del embudo’, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Nos exigen que paguemos una penalidad del 20% pero ellos no aceptan pagar el 20% cuando fueron ellos los que han incumpido”, advirtieron otros de los afectados en diálogo con Zonacero.com.

Los afectados esperan un contundente pronunciamiento de la Superintendencia en la defensa de las familias que se encuentran afectadas por la situación causada por Constructora AVI.